Edmundo Rodríguez Atxutegui, portavoz de JpD, eludió opinar sobre estas nuevas imputaciones, pero manifestó a Servimedia que es "perfectamente razonable" que, a pesar del informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la no competencia de la justicia española para investigar este asunto, Garzón haya continuado las diligencias.

"Lo que nos parece aplaudible", dijo, "es que Grzón haya considerado que sigue siendo competente para dilucidar si ha habodo alguna responsabilidad por parte de los procesados en los delitos que hayan podido afectar a ciudadanos españoles tanto en Chile como en Argentina".

Rodríguez Atxutegui hizo hincapié en que la justicia española es perfectamente competente para investigar dicho asunto, ya que uno de los cometidos de la Audiencia Nacional es ocuparse de los delitos de los que hayan podido ser víctimas ciudadanos españoles, según lo establecidopor la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En su opinión, lo que no se puede pretender es que las leyes de "punto final" adoptadas tanto en Chile como en Argentina, que han sido declaradas comlpetamente nulas por la Corte Internacional de Justicia americana, tengan alguna validez. "Eso puede tener validez en el derecho interno chileno y argentino, pero sin duda no la tiene en el derecho internacional", concluyó.