Un escrito remitido por Cardenal esta misma mañana, respondiendo a una carta de los diputados del Grupo Mixto Cristina Almeida y Joan Saura, asegura que los delitos cometidos durante las dictaduras militares de ambos países derivaron de una "situación excepcional en la que recibieron un mandato concreto de combatir a un grupo terrrista".

Cardenal reitera en la nota que "se constata, simplemente, que ese fue el origen de la actuación de los militares para excluir que la finalidad de dicha actuación fuera subvertir el orden constitucional, a los puros efectos de excluir la calificación de delito de terrorismo", coincidiendo de nuevo con el informe de Fungairiño.

El fiscal general del Estado defiende el informe elaborada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y sostiene que "lo que dice la nota es que los militares argentios cometieron graves crímenes (asesinatos, secuestro, torturas, etc.) crímenes que, sin embargo, no encajan en el concepto técnico de delitos de terrorismo".

Asegura que el hecho de no calificar los crímenes como delitos de terrorismo "no significa de ninguna manera justificar ni restar gravedad al delito en cuestión. Por el contrario, abundan en la nota las inequívocas referencias a la gravedad de las conductas delictivas consideradas y los calificativos de gran dureza para sus autores".

"No exite base alguna", dice Cardenal, para deducir que la nota de la fiscalía "apoya la actuación de la Junta Militar Argentina durante la dictadura, sino que, por el contrario, se desprende claramente de la nota el más firme y enérgico rechazo de dicha actuación".

ABORTO

La diputada del Partido Democrático de Nueva Izquierda (PDNI), Cristina Almeida, aseguró que su partido e Iniciativa Per Catalunya (IC) pedirán la dimisión del fiscal general del Estado al considerar "impresentable" e "inaceptable" su teis sobre los atentados ocurridos en Argentina y Chile.

Almeida comparó estos crímenes con una sentencia del Tribunal Supremo de Madrid, de hace unos años, que condenó a una mujer por haber abortado en Londres.

El Tribunal Supremo "explicó entonces que el feto era un ciudadano español" y que era posible aplicar la jurisdicción española. "Ahora se dice que no, que no se pueden investigar las torturas y asesinatos, cuando se machacaron a tantas personas", recalcó.

La diputada de NI señaló en ruda de prensa que "es muy grave la comprensión y protección de las actividades criminales y que no se puede olvidar fácilmente".