Añadió que su idea era transitir la preocupación del Poder Judicial por los ataques públicos, "de enorme gravedad algunos", que reciben ciertos jueces y magistrados por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

No obstante, el portavoz del CGPJ apuntó que, dado que el juez en el ejercicio de su trabajo se encuentra desempeñando un poder del Estado, "parece que la actuación de oficio tampoco sería un dislate", máxime cuando se está atentado contra ellos con acusaciones graves.

Varela insistió en que la figura de la enuncia y la querella, como delito privado, parecen insuficientes para casos de agresión contra los jueces, porque al tener que ejercer ellos directamente las acciones contra los presuntos calumniadores, "se publicita de alguna forma la actuación de la persona que imputa", en este caso un representante del Poder Judicial.

"La protección penal que dispensa el artículo 215.1 del vigente Código Penal, al obligar al juez a interponer particularmente la denuncia, no resulta muy operativa en todos los casosy en este sentido se interesa la posibilidad de la persecución de oficio de dichas conductas en razón al carácter que, en tales circunstancias, ostentan los jueces como titulares de un poder del Estado", concluyó Varela.