Según explicaron desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (del que depende el Real Patronato), esta figura profesional, reconocida en el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pretende prestar apoyo a personas con dificultades de comprensión que participen en procesos judiciales, de modo que la justicia sea más accesible e inclusiva.

Entre esas 203 acciones, 25 se dirigieron a servicios policiales, con 655 participantes en reuniones y formaciones que, además, recibieron materiales.

Otras 52 acciones se dirigieron a 823 operadores jurídicos y 73 más a entidades que apoyan a personas con discapacidad. En estas últimas, 862 participantes recibieron la formación y los materiales.

Mientras, 30 acciones se dirigieron directamente a 531 personas con discapacidad y se realizaron otras 23 acciones -como difusión en redes sociales, apariciones en medios, charlas o la participación en jornadas- con 623 participantes.