Así lo reclamó durante su intervención en la inauguración de la jornada sobre ‘El derecho a la salud de las personas mayores en residencias’, en la que subrayó que esta semana “hemos tenido un recordatorio estremecedor” de lo que “supuso” el “impacto” de la crisis sanitaria en estos centros “para las personas mayores y sus familias”, en referencia a las llamadas que realizaron familiares y personal de estos recursos al 112.

En este punto, quiso hacer un “reconocimiento” a la sociedad civil organizada y “agradecer” el trabajo que ha realizado “por mantener viva la memoria y la indignación” y “jamás olvidar” una situación que tildó de “intolerable”.

“Este ejercicio de recordar un acontecimiento tan doloroso exige una entereza conmovedora y desde aquí queremos manifestar nuestra admiración y reconocimiento por ello”, abundó, convencida de que, “por supuesto, hay representantes públicos que preferirían no hacerlo”, si bien reiteró que “gracias” a la “labor” de la sociedad civil “nadie hoy concibe enterrar esta cuestión”.

A continuación, Martínez reconoció que este “episodio” dejó “claro” que, “como sociedad, no queremos envejecer” y reivindicó que, precisamente, “en respuesta a experiencias como lo que se ha vivido”, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, está “en proceso de desplegar” la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad.

PROGRAMA EXTRAORDINARIAMENTE AMBICIOSO

Se trata, dijo, de un programa “extraordinariamente ambicioso” que, avanzó, “va a suponer un gran esfuerzo presupuestario, pero también político, que ha de sostenerse durante décadas, pero que parte de una idea muy sencilla”, como es la de “hacer realidad” el “deseo” de la “mayoría” de las personas, que quieren envejecer en su comunidad, en su hogar o “lo más cerca posible de él”.

En este contexto, explicó que la estrategia, que cuenta con una dotación inicial superior a los 1.300 millones de euros, promoverá una atención “más cercana” al domicilio de las personas mayores “que cuente con los recursos comunitarios” y ofrecerá servicios “más personalizados, de pequeña escala”, mediante el refuerzo de la asistencia a domicilio, la teleasistencia y los centros de día.

“Al ponerla en práctica, no solo vamos a estar respondiendo a una demanda social acuciante, sino que vamos también a fomentar la innovación en el ámbito de los cuidados de larga duración”, apostilló, al tiempo que puntualizó que, con este modelo, el ministerio persigue también “garantizar la dignidad y los derechos de las personas que cuidan”.

En paralelo, hizo hincapié en el “otro gran reto” del departamento de Bustinduy, como es el de la dependencia y recordó que la aportación estatal se ha incrementado más de un 150% en los últimos tres años, un “importantísimo esfuerzo inversor” que, advirtió, “ha permitido recuperar los niveles de asistencia previa a la década de los recortes”.

MUCHÍSIMO TRABAJO POR HACER

Tras incidir en el “compromiso” asumido desde la Administración General del Estado de financiar el 50% de la financiación de la dependencia “junto a los gobiernos autonómicos sin que éstos reduzcan de ninguna manera sus contribuciones al sistema”, Martínez admitió que “queda muchísimo trabajo por hacer”.

A este respecto, insistió en la urgencia de reducir las “insoportablemente largas” listas de espera y de “reformar el propio sistema, en primer lugar adaptándolo al artículo 49 de la Constitución Española” con el fin de “salvaguardar el bienestar y la autonomía de las personas con discapacidad”.

“Nuestra voluntad es que esta reforma, esta adaptación del sistema, al igual que lo hizo el cambio constitucional que la impulsa, sea capaz de suscitar un gran consenso no solo social sino también de partidos”, aseveró.

Junto a ello, indicó que el gabinete de Bustinduy está “en proceso” de implementar un acuerdo sobre los criterios comunes de acreditación y calidad en los centros y servicios del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, que, entre otras cuestiones, busca promover la coordinación para la atención social y sanitaria con “énfasis en la atención residencial”.

DOS GRANDES RETOS DE PAÍS

“Esto no son solo prioridades para nuestros ministerios, son dos grandes retos de país”, manifestó, al tiempo que precisó que, en 2040 está “previsto” que España “adelante” a Japón y se convierta en la “sociedad más longeva del planeta”.

En este sentido, Martínez defendió que envejecer “es una conquista democrática” y afirmó que los poderes públicos tienen “el mandato y la obligación moral” de “asegurar” que ese envejecimiento “sea en condiciones de dignidad y de autonomía personal”.

“En tiempos convulsos y a veces angustiosos como los que estamos viviendo, ser capaces no solo de proyectar, sino también de construir horizontes de certeza y bienestar es una tarea clave para los poderes públicos y aquí es donde nos vais a encontrar a los ministerios de Derechos Sociales y de Sanidad”, resolvió.