Lo dijo durante su intervención en la inauguración de la jornada sobre infancia y familia ‘Acompañando a nuestra infancia’, organizada por el Gobierno de Navarra, en la que rememoró que el año pasado el Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) recibió más de 21.000 casos, de las que 326 fueron en la comunidad foral.

“Un caso es muchos casos, sabiendo que el sistema no recoge todos; cifras como estas no son aceptables”, aseveró.

Nacho Álvarez recordó que el 20 de noviembre se cumplen 33 años del desarrollo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que España convirtió en ley en 1990. A pesar de los avances, reconoció, todavía queda camino para “cumplir con literalidad” con su articulado.

Tras elogiar el avance que ha supuesto para España la aprobación de la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), el secretario de Estado centró su intervención en las tareas que el Gobierno y las comunidades autónomas tienen por delante para conseguir que la infancia víctima de violencia ejerza sus derechos de la manera más amplia posible.

En ese sentido, subrayó la necesidad lograr que a finales de la presente década ningún menor de diez años viva en un centro de protección de menores. Por ello, llamó a centrar “más esfuerzos” en proveer una familia a los chavales para los que es “más difícil”, como aquellos que tienen hermanos, problemas de conducta vinculados con experiencias traumáticas o una enfermedad o una discapacidad.

Nacho Álvarez señaló la importancia de reducir el tamaño o directamente cerrar las instituciones residenciales donde, por tamaño, sea “imposible el trato personalizado”, e invitó a impulsar otro tipo de servicios de cuidados centrados en los derechos del niño a partir de “la teoría del apego y la psicología del trauma”.

Por último, explicó que su departamento está apoyando a las comunidades autónomas en esta materia produciendo nueva normativa, financiando proyectos de innovación y aprovechando el Fondo Social Europeo Plus para reforzar el sistema de protección a la infancia.