En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Martín Blanco subrayó que es un objetivo “muy importante” en la agenda del Gobierno, que la ha recibido del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y del conjunto del movimiento.

El término ‘disminuidos’, argumentó, “es un término que no nos representa, es un término que duele, que lacera nuestra realidad, que da un mensaje político y normativo de gente descartable, de gente de menos valor, con menos capacidad en relación al resto de la ciudadanía”.

Explicó que la reforma de la Constitución está “bloqueada” en el Congreso de los Diputados por falta de la mayoría necesaria para sacarla adelante, por lo que apeló “al sentido común, al sentido de Estado” de todas las fuerzas políticas para culminar una reforma “perentoria”. Es “inasumible, insoportable”, sentenció, que en 2022 la Carta Magna llame “disminuidos” a millones de compatriotas.

Al hacer balance de la situación normativa en la que se encuentra el colectivo de la discapacidad, Martín Blanco subrayó que España se sitúa actualmente “en la vanguardia de los países que más avanzado tiene el cumplimiento de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad”, la norma de la ONU en la que “nos queremos ver reflejados” y que cambió “radicalmente” el paradigma con el que se definen las políticas públicas en el este ámbito.

“Antes se nos asistía, se nos quería cuidar”, detalló, pero con ese nuevo paradigma “se nos escucha, se nos acompaña, se nos empodera y se nos capacita”.

En España, desgranó, se ha restaurado el voto de las personas que lo tenían restringido por razón de su discapacidad mermando con ello sus derechos políticos, se han abolido las esterilizaciones no consentidas, y se ha culminado una reforma civil y procesal “muy importante” para que las personas con discapacidad puedan decidir sobre su patrimonio o sus herencias, entre otras materias.

También se ha regulado la accesibilidad cognitiva, explicó, para que todas las personas puedan entender un diagnóstico médico o una declaración de la renta o para que, por ejemplo, una experiencia cultural como visitar un gran museo no sea “aterradora” para una persona con autismo.

Martín Blanco quiso destacar también que en estos tres años de legislatura ha aumentado un 467% la inversión pública en discapacidad, y el efecto “positivo” de la reforma laboran en este colectivo.

Sobre la terminología, quiso precisar que es “absolutamente correcto” hablar de “personas con discapacidad” y no tanto de “diversidad funcional”, porque es un concepto que “no existe jurídicamente”. Además, “no queremos que se hable de discapacitados, minusválidos, y menos de disminuidos”, sentenció.