Lo hará con chavales con edades comprendidas entre 7 y 18 años de Cataluña, la Comunidad de Madrid, Navarra y el País Vasco, según explicó este martes Josu Gago, representante de la Federación Internacional de Comunidades Educativas, en un encuentro con los medios de comunicación en el que también participó la directora general de Infancia, Lucía Losoviz.

Josu Gago explicó que este proyecto piloto tomará como referencia un programa análogo que funciona “con éxito” en Guipúzcoa, aunque sus características se adaptarán a la idiosincrasia de cada uno de los territorios donde se implantará.

‘Redes AFE: acogimiento familiar especializado de especial preparación’ busca llegar a 60 chavales con necesidades de acogimiento especial hasta 2024, año en que está prevista la duración de este proyecto piloto, aunque, en función de sus resultados, podrá extenderse más tiempo.

Los chavales que participarán en la iniciativa, que residen en centros de menores, tienen problemas de salud mental y de conducta o adaptación. Por esa razón, las familias dispuestas a acogerlos han de disponer de una formación en materia sociosanitaria homologada por el Ministerio de Educación, deberán contar con una experiencia mínima de dos años con la infancia y habrán de estar dispuestas a pasar por un proceso de formación continua.

Del mismo modo, se les pedirá una dedicación plena, por lo que recibirán una remuneración por su labor cuya cuantía dependerá de la comunidad autónoma donde residan, si bien en Guipúzcoa la cantidad que perciben asciende a 2.000 euros.

Estas familias recibirán una serie de apoyos adaptados a sus necesidades y a las características del menor, y llegarán a reunirse semanalmente con un equipo técnico y con otras familias para compartir sus experiencias. En todo el proceso se tendrá en cuenta a la familia biológica del menor.

Por su parte, Losoviz expuso que, con datos de 2021, en España hay 16.000 niños que viven en centros residenciales y 18.000 con familias de acogida.

También recordó el compromiso alcanzado entre el Gobierno y las comunidades para que ningún menor de seis años viva en centros de acogida en 2026 y que ninguno con menos de diez años lo haga en centros residenciales en 2030.