Los populares creen que debe ser la Comisión de Educación del Congreso la que decida en su día si esa formación debe plasmarse como módulo dentro de una asignatura, o bien como asignatura completa. Lo que sí tienen claro es que debe ir dentro de la formación de los aspirantes a una plaza en las administraciones públicas.

Esta es una de las propuestas que el Grupo Popular h presentado esta tarde en la subcomisión del Congreso que estudia las iniciativas de todos los grupos en la conmemoración del 50 aniversario de la Declaración de derechos Humanos. Hoy finaliza el plazo para la presentación de propuestas y mañana se reunirá la subcomisión para decidir cuáles de ellas son elevadas al Pleno de la Cámara.

Además de esta iniciativa, el responsable de Exteriores del PP, José María Robles, ha explicado a Servimedia que el Grupo Popular quiere que el Gobierno impulse un infore de la Union Europea sobre Derechos Humanos, y que el Ejecutivo informe sobre ese documento a la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja y a la del Senado "porque no se puede separar ese debate de la política exterior".

Por su parte, el PSOE también propone incluir Derechos humanos y Derecho Humanitario como "contenidos obligatorios de los programas de estudio de todas las instituciones académicas y no académicas".

Y para las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad del Estado y los profesionales e sanidad, servicios sociales y educación, los socialistas proponen "programas específicos" sobre esos mismos contenidos.

El PSOE pide que las publicaciones de Derechos Humanos formen parte de las bibliotecas públicas españolas y propiciar convenios con los medios de comunicación para defensa y promoción de los derechos humanos.

Los socialistas quieren también que el Gobierno y las Cortes "extremen" el control sobre venta de armas, tecnología militar y la tecnología denominada "de doble uso" a pases que violen los derechos humanos. Y que se incremente el control en la venta de armas, especialmente las "ligeras" (pistolas).

Por su parte, Nueva Izquierda ha propuesto que el Rey y los demás miembros de la Familia Real aboguen públicamente por la supresión de la pena de muerte en todos los países, así como por impartir cursos de derechos humanos en las academias que forman a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.