Gimbernat recuerda que, según el balance presentado el pasado martes por el ministro del Interior, José Luis Corcuera, en el Congreso, en tres allanamientos de domicilio y en 2.300 arrestos para identificación las fuerzs se seguridad no obtuvieron ningún indicio de actuación delictiva.

"En tres casos la policía irrumpió en el domicilio de tres ciudadanos sin encontrar rastro alguno que avalase la existencia de un delito relacionado con la producción o tráfico de drogas", recuerda el presidente de la APDHE.

En su carta a Eligio Hernández, Gimbernat le dice: "Ruego se interese usted por esas actuaciones policiales, ya que de la información referida se puede deducir que existió una conculcación del derecho constitcional a la inviolabilidad de domicilio y que no se observaron las salvedades exigidas por la ley, que requiere, para irrumpir en el domicilio sin previa autorización judicial, la constancia cierta de un delito del tipo mencionado".

Por lo que se refiere a los 2.300 ciudadanos retenidos en dependencias policiales para su identificación, a pesar de comprobarse posteriormente que no habían tenido ninguna actuación sospechosa de delito, el presidente de la APDHE dice que es una cifra "desorbitada, más frto de la arbitrariedad que de la necesidad".

A su juicio, estas actuaciones policiales también lesionan derechos fundamentales, por lo que pide la intervención del fiscal general del Estado.

El pasado martes, el ministro del Interior explicó en el Congreso de los Diputados que el registro domiciliario sin autorización judicial para casos de delito flagrante, previsto en el polémico artículo 21 de la "ley Corcuera", ha permitido a la policía incautarse de droga en la mayoría de las intervenciones racticadas durante los dos meses que lleva en vigor la ley.

Sin embargo, José Luis Corcuera reconoció que en 3 de los 53 registros domiciliarios de este tipo realizados desde el 13 de marzo las fuerzas del orden no encontraron droga. En ninguno de estos tres casos los afectados emprendieron acciones judiciales.