Algunas de estas personas, según informó la asociación, duermen a la intemperie, cuentan con una sola comida diaria y con unos servicios médicos totalmete insuficientes.

La asociación afirmó que, a pesar de las reiteradas solicitudes de diversas organizaciones gubernamentales de que se les documente y se permita su paso a la península y a pesar de las recomendaciones del Defensor del Pueblo para dar salida justa y humanitaria a este colectivo, la grave situación continúa.

Además, rechazó las medidas que se pretenden utilizar para realizar un censo de inmigrantes subsaharianos en dicha ciudad, entre las que se encuentran la utilización de datos prsonales considerados confidenciales por la Ley de Protección de Datos y las prácticas de identificación de nacionalidad sobre la base de rasgos raciales "de dudosa legalidad y fiabilidad".

Por todo esto, la Asociación reclama "la puesta en práctica de las medidas tantas veces solicitadas de documentación y acogida, y la suspensión inmediata de las actuaciones no respetuosas con los derechos humanos y la legislación vigente, totalmente inadmisibles en un estado de derecho".