El repertorio de medidas adoptadas o programadas por estos países incluye el endurecimiento de las medidas de asilo y la política de inmigración; restricciones a las libertades de reunión, manifestacin y expresión; el endurecimiento de las condiciones de detención; la expansión de la aplicación de la pena de muerte; más facilidades para realizar extradiciones, e incluso el uso de la tortura.

La organización indica que el clima de sospecha y desconfianza fomentado en numerosos países del mundo como consecuencia de estas medidas ha provocado el incremento del racismo, la xenofobia, los prejuicios y la discriminación por motivos de origen y aspecto físico.

Estados Unidos, en concreto, ha adoptad medidas de prolongación arbitraria de las detenciones, aplicación de extradiciones sin garantías, endurecimiento de las condiciones de detención, incremento de los poderes de vigilancia sobre los ciudadanos, erosión de los derechos procesales y restricciones a la libertad de expresión, entre otras.

Amnistía señala también a varios países de la Unión Europea que han puesto en marcha legislaciones restrictivas, entre los que apunta específicamente a Francia, Italia, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Grcia y España.

La mayoría de los países europeos han respondido al 11-S dando más poderes a la policía para investigar a los detenidos. Por ejemplo, España ha puesto en marcha la ilegalización de Batasuna, Gran Bretaña ha ampliado los poderes para interferir "e-mails" y otras comunicaciones y Francia ha cambiado la legislación antiterrorista para dar más facultades a la policía para detener y registrar automóviles.

Por otra parte, los datos manejados por Amnistía Internacional muestran que el 11-Sha servido como argumento para adoptar medidas restrictivas por parte de muchos países no occidentales, que en principio no tendrían por qué considerarse objetivos del terrorismo de ideología islámica.

Medidas restrictivas de las libertades han adoptado, por ejemplo, China, India, Zimbawe, Uganda, Singapur, Malasia, Thailandia, Filipinas, Pakistán o Corea del Sur. También lo ha hecho algún país de la antigua Europa del Este, como Hungría.

Para AI, el reto al que se enfrentan los estados del mundo 54 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasa por promover la seguridad sin dejar de garantizar a todas las personas el pleno disfrute de todos y cada uno de los 30 artículos que recoge la Declaración.

A su juicio, "algunos gobiernos están aprovechando el clima de miedo público para endurecer su legislación y su política de asilo".