Ignacio Perelló, abogado de la ODS, explicó que los hechos ocurrieron en el Regimiento de Caballería Ligera Acorazada Villaviciosa número 14 de Madrid, el 11 de noviembre del pasado año, la víspera en el que los miembros del primer llamamiento de esa unidad tenían que licenciarse, motivo que los soldados estuvieron celebrando en la cantina del acuartelamiento.

A las 20,30 horas, los efectivos fueron llamados a formr el control nocturno pero el sargento encargado, Antonio Navas de Pedro, envió a uno de ellos a su dormitorio, dado que había bebido en exceso y no podía mantener la compostura, continuó.

Sin embargo, cuando el soldado se dirigía al dormitorio, fue interceptado por el alférez Luis Marcos Rubio Expósito, quien le ordenó volver a la formación, donde, según el abogado de la ODS, le propinó dos bofetadas que le causaron un traumatismo en el oído izquierdo, le empujó e insultó y le amenazó con su pistola,que intentó disparar al aire aunque sin conseguirlo ya que se le encasquilló.

Estos hechos causaron malestar entre el resto de los soldados, quienes comentaron en voz alta que iban a protestar por estos hechos, pero fueron los oficiales los que al día siguiente denunciaron a una 30 de ellos que fueron arrestados, retrasándose unos días su licenciatura.

La denuncia fue posteriormente remitida al juzgado togado militar número 12 de Madrid, cuyo titular, el juez Díaz Molina, decretó la incoación de iligencias previas y comenzó a tomar declaración a los soldados en calidad de imputados, al considerar que "la alteración y los desórdenes producidos" pueden ser constitutivos de un delito tipificado en el Código Penal Militar.

A juicio de la ODS, los soldados podrían ser acusados de un delito de sedición, castigado con penas que oscilan entre 1 y 15 años de cárcel, ya que el Código Penal Militar tipifica de ese modo cualquier protesta colectiva en el ejército. Sin embargo, considera que el estado de ecesidad y las circunstancias que padecieron les exime de cualquier tipo de responsabilidad, por lo que pidió el archivo del caso.

Perelló agregó que, además, estos hechos ponen de manifiesto que cualquier reclamación de derechos en la "mili" puede considerarse sediciosa si la víctima no lo denuncia dentro de los cauces reglamentarios.

Por su parte, Carlos García, secretario general de la ODS, resaltó que estos hechos demuestran que los malos tratos en las Fuerzas Armadas no se producen únicament en las unidades especializadas, como parcaidistas o COE, sino que se extienden también a otros acuartelamientos con soldados de reemplazo, motivo por el que el servicio militar es rechazado por cada vez más jóvenes, que se declaran objetores.

Citó como ejemplos de las prácticas de malos tratos habituales en los cuarteles la denominada "silla eléctrica", consistente en mantener a la víctima en cuclillas con los brazos extendidos durante varios minutos; o la "cagada de la paloma", en la que la víctima ecibe un brochazo de cal viva en sus genitales.

Finalmente, el director de la ODS, Francisco Castañón, reiteró la petición de archivo de las diligencias contra estos soldados y afirmó que una de las soluciones para acabar con estas prácticas es suprimir la jurisdicción militar "porque su existencia es la mejor manera que la justicia real no llegue a los cuarteles".