La citada organización considera que España incumple el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y denuncia "la falta de respeto a la dignidad de las víctimas y la negación de sus derechos básicos como tales", como es la posibilidad de personarse y recurrir los acuerdos de libertad condicional, grado penitenciario o permisos.

Su pretensión es que se condene a España por vulnerar los derechos de las víctimas y que se obligue al Estado "a que el tiempo de permanencia en prisión cuando los delitos son gravísimos no sea ridículo o simbólico".