La denuncia tiene como destinatarios a la Delegación del Gobierno en Cataluña y al Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, a los que Convivencia Cívica se dirige tras haber requerido, sin éxito, a los consistorios para que colocasen la enseña nacional.

La asociación promotora de esta iniciativa, que preside Francisco Caja, argumenta que el artículo 3 de la ley de 1981 establece que "la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado".

Convivencia Cívica reclama a las autoridades municipales "su sometimiento a la Constitución y las leyes, condición indispensable para el mantenimiento del Estado de derecho y de las condiciones de vida democrática".

Al mismo tiempo, este colectivo califica de "antidemocrática la actitud de aquellos que anteponen sus intereses partidistas o ideológicos sobre la Constitución y las leyes, que representan el interés general, tanto más cuanto que los que vulneran la legalidad de forma manifiesta y ostentosa son autoridades políticas, que no sólo están obligados a cumplir la ley sino también a hacerla cumplir".

Los denunciantes añaden que actitudes como las que han provocado esta iniciativa "no son sino una muestra evidente de la imposición de los intereses de una minoría, que se arroga fraudulentamente la representación de la ciudadanía en Cataluña, sobre lo que libre y democráticamente ha determinado mayoritariamente la ciudadanía, por más que se encubran esos intereses con apelaciones a un inexistente derecho 'nacional' superior a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico".

Entre los ayuntamientos que, según los denunciantes, no cuentan con la bandera española en sus instalaciones están Amposta, Cambrils, Verges, Guissona o Sant Pere de Torelló. Asimismo, entre los denunciados están también los consejos comarcales de l'Alt Penedés, La Selva, d'Ossona y Solsones.