Según pudo conocer Servimedia, en el escrito, el letrado asegura que miembros de la Guardia Civil violaron "reiteradamente" su ejercicio de asistencia letrada durante las diligencias policiales abiertas tras la detención de su cliente.

Zulueta es abogado de oficio de José María Mújica Picabea, una de las cinco personas arrestadas el jueves en Guipúzcoa, en relación con la desarticulació del "comando Donasti" de la citada organización terrorista.

En el escrito remitido al juez de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Zulueta denuncia que durante las citadas diligencias, realizadas en la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, los agentes no le permitieron "ni abrir la boca", pese a su petición de ampliar la declaración del detenido.

Según el letrado, los guardias civiles alegaron que el detenido se encontraba en situación de incomunicación por su presunta colaoración con banda armada y, por tanto, su defensor no tenía derecho a tal práctica.

Endika Zulueta niega este extremo y asegura que el artículo 520.6.b de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla este derecho para todos los detenidos, incluso en situación de incomunicación.

El abogado afirma que los propios funcionarios le explicaron que este procedimiento había sido habitual con todos los detenidos en los últimos días por su presunta pertenencia a banda armada.

"Esta vulneración del ejericio del derecho a la defensa, y a la asistencia del abogado tiene una enorme gravedad por cuanto el abogado asistente no puede conocer datos tan elementales y de tanta importancia como si ha sido sometido a algún interrogatorio sin presencia de abogado o si ha sufrido algún tipo de tortura o malo trato", puntualiza el abogado en su escrito.

Al no poder realizar ninguna pregunta al detenido, añade, se le impidió rellenar el cuestionario oficial del Colegio de Abogados de Madrid, que debe hacerse a tods los arrestados, sin diferenciar que estén incomunicados o no.

A juicio de Zulueta, todas las diligencias practicadas a su defendido carecen por ello de validez , ya que "han sido practicadas sin los más mínimos requisitos jurídicos y vulnerando los más elementales derechos a la asistencia letrada hasta extremos alarmantes".

El abogado denuncia que también le impidieron conocer si el detenido deseaba ser asistido por un defensor de su elección, como contempla el artículo 6 del Convenio de Roma d 1950 sobre derechos y libertades.