La norma define como municipio en riesgo de exclusión financiera aquel que no dispone de un cajero automático, y barrio en riesgo de exclusión financiera aquella subdivisión de una ciudad, villa o pueblo con un mínimo de 5.000 habitantes que no disponga de servicios bancarios.

La asociación considera que es “especialmente importante que se regule el derecho de los ciudadanos a acceder a servicios bancarios a través de un cajero”, tal y como esta proposición de ley plantea.

Denaria reclamó que se garantice el acceso al efectivo de todas las personas, con independencia de su lugar de residencia, y considera necesaria la creación de un mapa de necesidades que permita valorar las dificultades en el acceso al efectivo, de manera que se puedan llevar a cabo soluciones “eficaces”.

En este sentido, sostuvo que “las administraciones públicas deben garantizar la accesibilidad a una infraestructura física que incluya servicios bancarios esenciales, incluyendo la libre disposición de efectivo”.