Esta responsable del Ministerio de Asuntos Sociales explicó que la iniciativa contará con la colaboración de organizaciones no gubernamentales (ONGs), entre las que probablemente figurará Cruz Roja.

Martínez Tllería, que compareció en la Cámara Alta para informar sobre la problemática gitana, señaló que las principales líneas de acción de Asuntos Sociales son los programas de inserción escolar y de alfabetización de adultos, el facilitar a los más marginados el accceso a "alojamientos dignos", así como ayudarles a adoptar hábitos de higiene y salud.

La directora general de Acción Social indicó que, además de las ayudas que reciben los gitanos a través de las redes normalizadas (asistencia sanitaria de la Sguridad Social, pensiones no contributivas, educación, etc.), la Administración central y casi todas las comunidades autónomas han desarrollado desde 1989 el Plan de Desarrollo Gitano, en el que hay invertidos unos 2.400 millones de pesetas hasta la fecha.

Sin embargo, como expuso más adelante el senador socialista Manuel Agudíez, el racismo es uno de los principales problemas que sufre el pueblo gitano. Desde los Reyes Católicos, los calés han sido perseguidos o marginados, dijo Agudíez, por lo que " siglos son muchos años para que no hayan dejado un poso de racismo" en España.

Los gitanos son, según diferentes estudios y encuestas, la minoría étnica que suscita más rechazo entre los españoles. El racismo es, para el senador socialista, "un reto que todo Estado democrático debe combatir".

Para ello, Agudíez pidió "nuevas fórmulas" entre las Administraciones con que conseguir financiación para programas de ayuda y, a las asociaciones de gitanos, que hagan un "mayor esfuerzo" por aglutinar a etos colectivos.

La senadora de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña (IU-IC), Isabel Vilallonga, cifró entre el 50 y el 60 por ciento del pueblo gitano (más de 250.000 ciudadanos españoles) las personas marginadas económica y socialmente en España, que suelen ser "vendedores ambulantes sin licencia o chatarreros, con y sin furgoneta".

ASIGNATURA PENDIENTE

"El problema de los gitanos sigue siendo, por desgracia, una 'asignatura pendiente' en la democracia española", afirmó la senadora de IU-IC

Añadió que le había sorprendido "la pasividad de la Administración, con la salvedad del Defensor del Pueblo", ante las manifestaciones de racismo ocurridas en algunas localidades y ciudades españolas en los últimos meses.

"Me ha sorprendido enormemente", recalcó, "el silencio del Ministerio de Asuntos Sociales y el estruendo de las declaraciones de Rafael Vera".

Vilallonga reclamó que el departamento que dirige Matilde Fernández no dependa tanto de la coordinación con las comunidades autónoas e incremente la cooperación con ONGs y asociaciones de gitanos.

"Lo que estamos viendo es sólo la punta del iceberg de lo que puede haber dentro de 10 años", concluyó.

Por su parte, el senador del PP Ignacio Gil Lázaro dijo que "estoy convencido de que no ha habido una política seria de integración del pueblo gitano", antes y después de la llegada de los socialistas al Gobierno, en 1982, y agregó, refiriéndose a los gobiernos del PSOE, que "esta Administración no ha tenido inconveniente en utiizar el tema gitano cuando le ha convenido".

"Se ha utilizado el rechazo latente hacia los gitanos para favorecer determinadas iniciativas legislativas del Gobierno, como la Ley de Seguridad Ciudadana", aseguró.

Por último, anunció que el PP pedirá la comparecencia en el Senado de representantes del colectivo gitano.