Un grupo de unas 200 madres impidió durante varios días el inicio normal del curso escolar, porque no querían que sus hijos compartieran las aulas con varios niños gitanos.

El 16, 17 y 18 de septiembre las mujeres se situaron en las puertasdel colegio gritando e insultando a los niños gitanos a los que llamaban 'asesinos'.

Finalmente, el curso pudo iniciarse gracias a la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz que obligó a las madres a deponer su actitud. Por estos sucesos, ya se siguió un 'procedimiento penal de faltas', durante el cual se reservaron otras acciones que son las que hoy ha emprendido el abogado de la familia gitana.

Andrés Oliván, pide indemnizaciones de 8 millones de pesetas porque entiende que los 19 acusados"agredieron el derecho al honor de estos niños y otros bienes como la libertad, la amistad y su posibilidad de integrarse socialmente. La agresión, ya fue calificada por los juzgados como desórdenes públicos, pero en realidad se trata de xenofobia y racismo. Los niños han recibido un doble daño, emocional y el tiempo perdido en clase que hasta les ha hecho perder sus amigos".

Oliván fundamenta su demanda en el derecho al honor, que recoge la Costitución española y la Ley Orgánica de protección civil dl honor y la intimidad personal y a la propia imagen. Entre los 19 vecinos acusados, se encuentra la viuda de Angel Arroyo Ibáñez, que murió en una pelea con gitanos en la localidad en mayo de 1991. Esa muerte desencadenó todos los hechos de violencia antigitana ocurridos en Mancha Real.