Según informaron a Servimedia fuentes jurídicas, el fiscal considera que, dado que Alvarez Cascos es ministro del Gobierno y vicepresidente, tiene la condición de aforado, por lo que la demanda debe ser tramitada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Tras recibir el informe del fiscal, de fecha de 10 de julio aunque no fue notificado a las partes hasta el pasado jueves, la sala ha dado traslado a las representaciones de Saénz de Santamaría y de Alvarez Cascs para que, a su vez, se pronuncien sobre la competencia del Supremo para conocer esta causa.

La demanda contra Alvarez Cascos fue presentada por el teniente general después de que el ahora vicepresidente del Gobierno afirmase que el militar "no tiene catadura moral, como ha demostrado en su trayectoria recientemente, para hacer ningún tipo de imputación ni para desacreditar a nadie".

Además, Alvarez Cascos afirmó que Sáenz de Santamaría "es una persona absolutamente desacreditada políticamente ypor tanto sus declaraciones sólamente tienen el valor de las declaraciones de un estómago agradecido".

El vicepresidente del Gobierno hizo estas declaraciones a raiz de la polémica surgida el pasado mes de enero como consecuencia de la decisión del PP de liquidar la comisión creada en el Senado para investigar el 'caso GAL' poco antes de que compareciera en ella Sáenz de Santamaría.

Dicha decisión se atribuyó a las presuntas amenazas del militar, desmentidas por éste, de desvelar en su comparecenia supuestos datos de la 'guerra sucia' contra ETA en la época de UCD.

Sáenz de Santamaría interpuso la demanda ante un juzgado de Madrid, el cual la remitió al juzgado número 2 de Alcalá de Henares, tras considerar que éste era el competente para conocerla dado que las declaraciones se habían producido allí.

Sin embargo, el juez alcalaíno se inhibió en junio pasado en favor del Tribunal Supremo al estimar que Alvarez Cascos es aforado por ser miembro del Ejecutivo.

En la demanda, Sáenz de Sntamaría pide que su honor sea reparado mediante la rectificación de sus declaraciones por parte de Alvarez Cascos, así como con el pago de una indemnización, que el militar no cuantifica.