Crespo envió el pasado lunes a los organizadores un escrito en el que prohibía el itineraro previsto, "porque constituye un eje circulatorio esencial", y propuso un recorrido alternativo entre la plaza de Jacinto Benavente y la glorieta de Atocha.

La plataforma (integrada por CCOO, UGT, IU, CDS, Asociación Contra la Tortura y Jueces para la Democracia, entre otras organizaciones) calificó de "arbitraria" la decisión del delegado del Gobierno y decidió recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia.

Tras la entrevista mantenida esta mañana entre el delegado y algunos representantes d la plataforma, la cabecera de la manifestación comenzará finalmente en el lateral izquierdo de la calle de Alcalá, mientras que el lateral derecho se habilitará al tráfico.

A cambio, los manifestantes, "como gesto de buena voluntad", se comprometen a no interrumpir el tráfico en los paseos del Prado y de Recoletos.

Los organizadores del acto expresaron a través de un comunicado su satisfacción por el acuerdo, ya que a su juicio se ha impuesto "la razón y la legalidad".

El texto subraya que se ha hecho prevalecer el derecho fundamental y legítimo de los ciudadanos, como es el de reunión y manifestación, frente a otras consideraciones de menor rango, como el trastorno parcial del tráfico en una reducida zona de la ciudad".

La plataforma Ciudadanos por las Libertades interpreta la prohibición inicial de la Delegación del Gobierno como "un precedente del espíritu coercitivo e intolerante respecto de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos que parece inspirar la Ley de Segurdad Ciudadana que se pretende imponer".

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno señalaron que han continuado "la línea de actuación y criterio establecido en anteriores ocasiones, tratando de compatibilizar el derecho constitucional de manifestación con los demás derechos e intereses de los ciudadanos".