Según los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, esta cifra no tiene en cuenta la ayuda financiera. Si se contabilizase, el importe se elevaría al 2,3% del PIB, con un volumen de 32.876 millones.

Las administraciones públicas continúan así su senda de reducción del déficit, que se ha rebajado en 2.227 millones en comparación con el mismo periodo del año pasado. También baja en la ratio deuda sobre PIB, que pasa del 2,56% del segundo trimestre de 2022 al 2,29% actual. Cabe recordar que el objetivo del Gobierno –comunicado a Bruselas en abril– es cerrar el ejercicio con un déficit del 4,2% del PIB.

El déficit de la administración central se situó en 21.536 millones hasta junio, el 1,51% del PIB. Este resultado es consecuencia de la suma del déficit del Estado, que se incrementó hasta los 24.315 millones en junio, el 1,7% del PIB, y del superávit de los organismos de la administración central, que alcanza ya los 2.779 millones, un 138,5% más.

Por su parte, Hacienda confirmó que las comunidades autónomas registraron un déficit en junio de 12.110 millones, lo que equivale al 0,85% del PIB. También ratificó que las corporaciones locales cerraron con un déficit de 2.357 millones en el primer semestre, el 0,16% del PIB, mientras que los Fondos de Seguridad Social concluyeron con una necesidad de financiación de 3.127 millones, equivalente al 0,22% del PIB.

JULIO

Además de dar los datos confirmados del primer semestre, la cartera dirigida por María Jesús Montero avanzó que el déficit de las administraciones públicas se situó en 31.299 millones en julio, una cifra que equivale al 2,19% del PIB. No obstante, este dato no incluye a las corporaciones locales, por lo que todo apunta a que la necesidad de financiación volvió a aumentar en el séptimo mes del año. Incluyendo el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit se situó en el 2,21% del PIB.

La administración central registró una necesidad de financiación de 34.449 millones, el 2,41% del PIB. Al igual que en el primer semestre, el déficit del Estado –que ascendió a 38.044 millones, el 2,66% del PIB– se vio parcialmente compensado por el superávit de los organismos de la administración central, que fue de 3.595 millones, equivalente al 0,24% del PIB.

El incremento del déficit del Estado se vio afectado “en gran medida” por la liquidación definitiva del sistema de financiación de las comunidades autónomas y corporaciones locales correspondiente al ejercicio 2021, que generó un agujero de 11.798 millones en sus cuentas. El año anterior, en cambio, se benefició de 6.106 millones por este concepto.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Las comunidades autónomas cerraron julio con un déficit de 1.142 millones, que equivale al 0,08% del PIB. Esta cifra supone una reducción del 76,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando esta cifra se elevaba hasta los 4.857 millones. Este resultado obedece a un aumento de los gastos del 0,9%, mientras que los ingresos crecen a un ritmo del 3,8%. Las regiones autonómicas recibieron en julio el resultado de la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómico de 2021, practicada este año, que tuvieron un impacto positivo de 11.156 millones de euros. Asimismo, la recaudación de impuestos creció hasta ese mes un 15,1%, incrementándose hasta los 51.880 millones.

Dentro de ellos, los impuestos sobre la producción y las importaciones alcanzaron la cifra de 10.778 millones, mientras que los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio se incrementaron en un 22,3%, hasta situarse en un total de 38.586 millones, principalmente por la liquidación del IRPF, recogida como impuesto propio a los efectos de registro en términos de contabilidad nacional. Los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital ascendieron a 1.816 millones de euros.

Las transferencias entre administraciones alcanzaron los 72.813 millones. Del importe anterior, las transferencias recibidas por el sistema de financiación crecieron un 11,7%, lo que suponen 5.792 millones más. Al mismo tiempo, los ingresos obtenidos del resto de recursos se situaron en 11.043 millones de euros, lo que supone una reducción del 8,8% respecto al mismo periodo de 2022.

En lo que se refiere a los gastos, la remuneración de asalariados creció un 6,8%. Este aumento se debió, en parte, al incremento salarial fijado para 2023 del 2,5%. Los consumos intermedios aumentaron un 7,5%, hasta situarse en 23.408 millones, de los cuales 14.013 millones correspondieron al ámbito de la sanidad. Las subvenciones se sitúan en 2.413 millones, con un avance del 0,2%. Por su parte, los intereses aumentaron un 42,9%, hasta 2.617 millones.

Las transferencias sociales en especie se elevaron en un 4,4%, (837 millones más), hasta los 20.058 millones. Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie ascendieron a 3.022 millones, un 8,9% interanual más. Finalmente, la inversión alcanzó los 8.889 millones, un 4,8% superior.

SEGURIDAD SOCIAL

Los Fondos de la Seguridad Social registraron hasta julio un superávit de 4.292 millones, superior en 3.731 millones al del mismo periodo de 2022. En términos de PIB, el superávit de la Seguridad Social se situó en el 0,3% del PIB.

La Seguridad Social experimentó un crecimiento de los ingresos del 12,1% que se explica, sobre todo, por el “buen comportamiento” de las cotizaciones, que experimentaron un “robusto” crecimiento del 10,1%. Los gastos, por su parte, se incrementaron un 9,1%.

La ejecución presupuestaria de los Fondos de la Seguridad Social se ha visto afectada por las medidas legislativas que han entrado en vigor este año, entre ellas, la revalorización de las pensiones en un 8,5% con carácter general y en un 15% en el caso de las pensiones no contributivas, y la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

DÉFICIT DEL ESTADO EN AGOSTO

Por último, los datos conocidos hoy también avanzan el déficit del Estado en agosto, mes en el que se situó en 36.313 millones, una cifra que equivale al 2,54% del PIB.

Los ingresos se situaron en 163.379 millones, lo que implica un 2,4% menos respecto al mismo periodo de 2022. Los impuestos alcanzaron los 133.961 millones, el 82% del total de los recursos, y crecieron un 1,6% respecto a agosto de 2022. Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzaron los 58.436 millones.

Los gastos, por su parte, se elevaron hasta los 199.692 millones, un 3,6% más que hace un año. La partida de mayor volumen son las transferencias entre administraciones públicas, con un peso del 63,5% sobre el total. En concreto, en los ocho primeros meses del año se incrementaron hasta los 126.810 millones, un 7,9% más.