Según Alavedra, esa es la cantidad en que la Administración central ha cifrado los créditos y facturas pendientes de pago por el Insalud en las reuniones que ha mantenido paranegociar la aplicación del nuevo sistema de financiación autonómica.

El pago de la deuda de la sanidad pública es el principal obstáculo de dicha negociación, que versa también sobre la fijación de los servicios públicos mínimos a que tendrán derecho todas las comunidades y la corresponsabilidad fiscal.

Según Alavedra, las comunidades han rechazado la propuesta de Hacienda, que consistía en que el Estado pagase el principal de la deuda y los gobiernos regionales se hiciesen cargo de los intereses

Alavedra dijo que esta alternativa no es justa, porque la Generalitat ya ha tenido que pagar intereses por los créditos que se ha visto obligada a solicitar para financiar sus servicios sanitarios, ante la falta de transferencias suficientes por parte de la Administración central.

Todas estas diferencias deberían quedar zanjadas, teóricamente, antes de fin de mes, fecha límite marcada para terminar la negociación de los grupos de trabajo constituidos para desarrollar el acuerdo de financiación atonómica.