Tras dos jornadas de trabajo en el Senado, los representantes de las distintas Defensorías en España señalan que los Defensores deben amparar principios de equidad, además de legalidad, en las investigaciones sobre la actividad de las administraciones.

Además, consideran que ante la proliferación de órganos de defensa de todo tipo, es "necesario y urgente" destacar que la legitimación del Defensor del Pueblo de España y los Comisionados Autonómicos se desprende de la voluntad delos distintos órganos parlamentarios, representantes del pueblo soberano.

Asimismo, estiman que sería útil elaborar unas pautas o códigos para la buena práctica administrativa y que tales documentos sean ratificados por los correspondientes Parlamentos.

También proponen que las Defensorías puedan ejercer alguna forma de control de las empresas privadas que gestionan servicios públicos básicos para el ciudadano.

Otras consideraciones son la necesidad de hacer compatible la confidencialidad delos datos personales de los ciudadanos con la transparencia de las actuaciones llevadas a cabo en la defensa de sus derechos.

Igualmente opinan que sería conveniente homogeneizar en una plataforma informática buena parte de sus actuaciones, para una mayor efectividad práctica de sus tareas.

Finalmente, destacan que el crecimiento del número de inmigrantes en nuestro país hace cada vez más necesaria la coordinación de todo lo referente a ellos, tanto en su llegada como en las medidas posteriores d integración laboral y social.

En estas jornadas han participado, además de Múgica, sus dos adjuntos, María Luisa Cava Llano y Manuel Angel Aguilar; el Sindic de Greuges de Cataluña, Antón Cañellas; el Valedor do Pobo Galego, José Cora; la Ararteko en funciones del País Vasco, Mercedes Agundez; el Diputado del Común de Canarias en funciones, Francisco Tovar; el Justicia de Aragón, Fernando García; el Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Bernardo del Rosal; y la Defensora del Pueblo de Navarra María Jesús Aranda, entre otros.