Así lo afirmó durante su comparecencia, a petición propia, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta del trabajo desarrollado hasta la fecha para la elaboración de un ‘Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la iglesia católica y el papel de los poderes públicos’, que le fue encomendado por el Congreso de los Diputados en marzo.

“Nosotros no podemos hacer actuaciones de oficio de todo lo que se nos ocurra, aunque nos guste”, aseveró en respuesta a un diputado de Vox, para puntualizar que, desde que es Defensor del Pueblo, la institución “ha hecho 112 actuaciones de oficio”. “No se puede decir que no hagamos actuaciones de oficio, pero hay una cosa que sabemos con toda claridad y es que, si el asunto está judicializado, nosotros no podemos intervenir y eso es exactamente así”, espetó.

En este punto, subrayó que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ya realizó una solicitud de intervención y que la institución le recordó “que está incurso en un procedimiento judicial, que sigue incurso en un procedimiento judicial y tenemos que esperar a que se resuelva el asunto judicialmente”.

“No somos jueces, no somos otra instancia de jueces, no somos una tercera cámara, no somos un juzgado de emergencia”, abundó, para hacer hincapié en que, además, el Sindic Valenciano está “investigando los protocolos de detección de la comunidad”. “Y ahí hay un principio de cooperación y coordinación con el Sindic Valenciano, que nos lleva a no actuar cuando está actuando uno en la propia comunidad autónoma”, explicó.

No obstante, manifestó que su oficina “sí ha hecho alguna cosa que puede hacer”, en referencia a que el pasado 25 de mayo inició una actuación de oficio “con todas las administraciones competentes en materia de servicios sociales de todas las comunidades autónomas, además con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030” con el fin de “conocer los posibles casos de explotación sexual de menores tutelados que se hubieran detectado en cada territorio, así como las medidas específicas de protección adoptadas con respecto a los afectados”.

“Hemos hecho una actuación de oficio para todo el territorio nacional, para todas las comunidades autónomas, en todo lo que tiene que ver con los abusos a menores en centros tutelados y esta investigación está en curso”, apostilló, para manifestar que la institución está “recibiendo ya contestación en algunas comunidades”.

Además, destacó que la institución ya inició actuaciones en 2020 y a principios de este año 2022 ante el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y ante la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, tras conocer casos de menores tutelados por estas comunidades que habían sido “presuntamente víctimas de abusos o explotación sexual”.

“Y eso está en curso abierto”, sentenció, para admitir que “es verdad” que la institución “algunas cosas no hace y otras sí”. “Pero es verdad que las que hacemos son las que creemos que corresponde a nuestra función y las que a veces se nos piden no podemos hacerlas por estar incursos en asuntos ya juzgados o juzgándose y no podemos intervenir”, explicitó.

A este respecto, pidió que “no se tome” su postura frente al caso valenciano “como una pasividad o falta de acción, sino como una distinción del tipo de acciones que corresponde o nos corresponde hacer”.