Así consta en el informe anual del Defensor del Pueblo relativo a 2021 presentado este viernes en el Congreso de los Diputados por la institucioón que dirige Ángel Gabilondo y que recuerda que su “preocupación” por los posibles “efectos” que los juegos de azar y su publicidad “puedan tener sobre los jóvenes y personas especialmente vulnerables” le llevó a recomendar en 2018 que se “estudiara” la “prohibición total” de la publicidad de apuestas, incluyendo la promoción de marcas o eventos en medios de comunicación e Internet y la utilización publicitaria de la imagen de personas famosas.

La plena entrada en vigor de las medidas contenidas en la nueva norma tuvo lugar después de que el 31 de agosto finalizara el periodo transitorio previsto para no perjudicar los contratos publicitarios firmados con anterioridad y entre ellas el Defensor del Pueblo citó la prohibición de que los mensajes comerciales vayan dirigidos “directamente” a menores de edad o que, por sus características, o los medios de difusión utilizados, “puedan ser especialmente atractivos para este colectivo”.

También mencionó la prohibición del patrocinio, por parte de estas marcas comerciales, de actividades dirigidas a menores, o la prohibición de la aparición, en los anuncios del sector, de “personas o personajes de relevancia o notoriedad pública, sean reales o de ficción”, entre otras.

CONTROL DE ACCESO

En otro orden de cosas, el informe subraya que el “buen funcionamiento” del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego del Ministerio de Consumo y de los registros autonómicos, cuya finalidad es hacer efectivo el derecho de los ciudadanos inscritos en ellos a que se les prohíba el acceso a los juegos que requieren identificación del jugador, resulta “vital” como mecanismo de “garantía ante la situación de vulnerabilidad y desprotección” que padecen las personas con una adicción.

“Es igualmente necesaria la diligencia y coordinación de las administraciones implicadas en las distintas fases del procedimiento de inscripción”, precisa el informe, que recoge una petición de información a la Dirección General de la Policía sobre la falta de tramitación ante la Dirección General de Ordenación del Juego de una solicitud de inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego formulada por un ciudadano que denunció su caso en comisaría.

Según el informe, en el caso de una persona a la que, pese a figurar inscrita en dicho registro, se le permitió el acceso a un local de León en el que gastó más de cuatro mil euros, la Consejería de Presidencia del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco admitió que el sistema de control utilizado en dicha comunidad “no deja constancia de la identidad utilizada por el cliente al acceder al local, ni de si se ha efectuado la preceptiva consulta en el registro de auto prohibidos”.

“Esto impedía verificar las versiones contrapuestas del interesado, que negaba que se le pidiera el DNI en la entrada, y de los empleados, que sostenían que había utilizado una identidad falsa”, recoge el informe, que valora que dicha consejería se comprometiese a “modificar” el sistema de control y acceso a los establecimientos de juego de Castilla y León, para que “deje constancia documental tanto de la identidad del empleado que realiza la consulta como del documento consultado”.

COMUNIDAD DE MADRID

Por otra parte, el Defensor del Pueblo prosiguió el pasado ejercicio con el “seguimiento” de su investigación en relación con la “proliferación” en la Comunidad de Madrid de establecimientos de apuestas, así como su proximidad, “en muchos casos”, a centros educativos. A su entender, este hecho “podría interferir en la salud y educación” de los menores, un colectivo “especialmente vulnerable y objeto, por mandato constitucional, de protección”.

En el informe también consta que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha confirmado al Defensor del Pueblo que “sigue sin disponer” de datos relativos a distancias medias entre los locales de apuestas existentes en su territorio, número de colegios situados a una distancia de los mismos inferior a cien metros, ni estimaciones de alumnos afectados por esta circunstancia, “aunque se compromete a completar estos trabajos en un medio plazo”.

Por otra parte, la Consejería de Sanidad madrileña le comunicó que, debido a los efectos de la pandemia sobre el sistema sanitario, no ha podido aún “culminar” la puesta en marcha de una unidad para el abordaje de las adicciones comportamentales en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, ni la creación de un observatorio intersectorial del juego, si bien “sigue trabajando” en dichas iniciativas y otras relacionadas, como un nuevo Plan de salud mental y adicciones.

Según señaló a la oficina del Defensor del Pueblo, la administración autonómica ha continuado “potenciando” la atención a las adicciones a través de programas “específicos” para personas afectadas por adicción a esta actividad en los hospitales Ramón y Cajal y 12 de Octubre, así como mediante un programa terapéutico específico para la atención de las adicciones comportamentales en menores en el segundo de estos centros sanitarios.