En un comunicado hecho público hoy por la Oficina del Defensor del Pueblo, la moificación de la normativa "lejos de incrementar la capacidad redistributiva del abono social y de constituir una mejora para el colectivo de pensionistas al que pretende proteger, ha tenido el efecto contrario, al privar de sus beneficios a un volumen muy importante de ciudadanos que venían disfrutando del mismo, algunos desde hace una década".

Los perceptores de pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo venían disfrutando del denominado "abono social" de Telefónica, modalidad que les permita la obtención de un descuento del 70 por ciento en las cuotas de alta del servicio y de un 95 por ciento en la cuota de abono mensual.

No obstante, a partir de enero de este año, el Ministerio de Presidencia modificó las condiciones de acceso al abono social de Telefónica, concediéndose únicamente a los jubilados y pensionistas cuya renta familiar no excediera el salario mínimo interprofesional, cuyo importe en la actualidad es ligeramente inferior a la pensión mínima de jubilación con cónyuge a carg.

A raiz de esta modificación, el Defensor del Pueblo ha recibido numerosas denuncias por la no renovación del abono social o "cuota de abono reducido".

La Administración pública justifica la modificación basándose en que la Ley General de Telecomunicaciones regula, dentro del llamado "Servicio Universal de Telecomunicaciones" el acceso de "discapacitados o con necesidades sociales especiales" al servicio telefónico fijo, pero no establece ninguna concreción respecto a los sujetos a quienes se diige este servicio; en que el salario mínimo interprofesional es un índice de amplia utilización, y en que no existe este abono en ningún otro país de la Unión Europea.

En opinión de Enrique Múgica la medida es "errada" en atención a los beneficios sociales que perseguía, toda vez que si, en 1998, el salario mínimo interprofesional era superior a la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo, la tendencia actual es la inversa, con lo que se ha producido de hecho un "endurecimiento de las condicioes de acceso a los referidos beneficios", con los consiguientes perjuicios para un colectivo necesitado de especial protección.