Así lo recoge el trabajo que la oficina que capitanea Ángel Gabilondo registró el pasado viernes en las Cortes Generales en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Gabilondo estima que en los últimos años se han logrado avances importantes para luchar contra esta lacra pero son necesarios "unos sistemas de valoración de riesgo y de intervención propios que permitan entender toda la problemática que afecta a la unidad familiar en su conjunto y que hagan prevalecer el interés de niños, niñas y adolescentes por encima de ningún otro".

El Defensor del Pueblo apuesta, además, por mejorar la atención que desde el Estado se presta a la violencia de género en los conflictos familiares; reforzar los servicios de atención a las familias con hijos e hijas a cargo; fortalecer los recursos a disposición de los órganos judiciales que conocen de asuntos de familia; mejorar su coordinación con los juzgados de violencia sobre la mujer, y avanzar hacia una jurisdicción especial de familia.

El informe analiza la violencia vicaria de género, señala seis líneas de actuación y formula diecinueve recomendaciones que remitió este mismo lunes a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer; a la Secretaría de Estado de Juventud e Infancia; a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales; a la Secretaría de Estado de Seguridad; a la Secretaría de Estado de Justicia; al Consejo General del Poder Judicial, y a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia para prevenir, combatir y reparar esta forma de violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos.

CENTRAR LA MIRADA

Para el Defensor el objetivo de este informe es “centrar la mirada en las mujeres y en los niños y las niñas que han de considerarse explícitamente como víctimas de esa violencia, es decir, de quienes la han ejercido y la ejercen”. Ángel Gabilondo calificó de “descorazonador y deplorable” que algunos hombres busquen explícitamente hacer el máximo daño a las mujeres agrediendo, incluso asesinando a sus hijos.

En su opinión, la violencia vicaria de género “es una forma absoluta y cruel de ejercer poder, de crear mayor dominio, de pretender la máxima sumisión e indefensión”. Para él, "no es simplemente otra modalidad de violencia, es una muestra palpable más de la urgencia de abordar desde todas las instancias esto que no es solo un problema. Las mujeres y sus hijos e hijas son víctimas de una misma violencia, por unos motivos semejantes, incluso único. Y por una misma razón, porque sus madres son mujeres”.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y RECOMENDACIONES

El informe propone recomendaciones como mejorar el conocimiento de la violencia vicaria, recopilar datos específicos e informar periódicamente de estimaciones estadísticas. Además, solicita poner en funcionamiento el Registro Central de Información sobre la Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia, previsto en la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia (Lopivi).

Respecto a políticas preventivas de atención a la familia, recomienda que todas las políticas públicas sobre protección de menores contemple "la especificidad de los menores que son víctimas de la violencia vicaria de género con medidas para ayudar a detectar el riesgo".

El informe también hace propuestas mara mejorar la valoración del riesgo, la intervención de los servicios sociales o que las administraciones consideren a la madre víctima de violencia de género. Asimismo hay recomendaciones para detectar casos, con más formación especializada y mejorar la actuación de los menores; y en el ámbito judicial se recomienda mejorar la dotación de recursos, obligar a la formación en violencia vicaria a todo el personal y mejorar juzgados y tribunales que se ocupan de asuntos de familia y menores para que sean lugares más accesibles, cómodos y apropiados.

CAMBIOS DE LEY

El Defensor también solicita modificar el marco regulatorio procesal y civil actual, en lo relativo a regímenes de visitas y fortalecer el marco legal vigente con la reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para que los y las menores víctimas de violencia vicaria de género sean considerados víctimas de violencia de género.

Desde el Defensor del Pueblo se sugieren, además, reformas normativas para fortalecer el sistema de reparación para las víctimas menores. La institución considera que los servicios previstos en la Ley de Violencia de Género no están pensados para las víctimas de violencia vicaria, para lo que recomienda crear redes asistenciales a las víctimas en centros educativos, los servicios deportivos y de ocio, o los servicios sanitarios, incluyendo la salud mental.