El rechazo de esta institución, cuyo responsable es Fernando Alvarez de Miranda, fue comunicado al sindicato que dirige Candido MÉndez hace escasamente dos semanas.

Según las fuentes de UGT, la institución de protección del ciudadano argumenta que en caso de que ls trabajadores se sientan perjudicados, deberán actuar en el marco de la negociación de los convenioS o a través de la denuncia ante los tribunales ordinarios.

UGT había presentado el 24 de enero de este año un escrito al Defensor del Pueblo para recurrir ante el Constitucional el artículo 2 de la Disposición Transitoiria Decimocuarta de la Ley sobre Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (30/95), que deja fuera de la obligación de exteriorizar los fondos de pensiones a las entidades financiras citadas.

El sindicato considera que los trabajadores de estos sectores quedan en desventaja, ya que mientras las aportaciones de las empresas a los fondos de pensiones externos son irrevocables, no ocurre así con las realizadas a fondos internos.

Por otra parte, en los fondos internos no existe para el beneficiario el derecho a la movilización de los recursos que le corresponderían.

Sin embargo, según añaden las fuentes citadas, el Defensor del Pueblo justifica en su escrito de contestacón que la exteriorización de sus fondos internos podría poner en peligro la viabilidad de algunas entidades financieras.

Algo que UGT rechaza de plano por considerar que, precisamente, en el caso de las entidades financieras sería más fácil la exteriorización que en el caso de compañías de sectores industriales.

UGT reconoce que la decisión del Defensor del Pueblo les sitúa en una posición dificil. Aunque están estudiando otras posibles vías, la realidad es que el sindicato no dispone de la capacdad jurídica para iniciar por sí mismo un recurso de inconstitucionalidad contra esta disposición.