Así se desprende de los datos ofrecidos este miércoles por Ángel Gabilondo durante la presentación en el Pleno del Senado de los informes anuales sobre las actuaciones de la institución en 2022 y 2023.

Gabilondo recordó la labor realizada por la Comisión Asesora para elaborar un informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos tras la encomienda recibida por parte del Congreso en 2022.

El informe, que cuenta con 24 recomendaciones, está centrado en “la atención y respuesta a las víctimas”. Asimismo, el documento (que también se entregó al presidente del Gobierno el 2 de noviembre) cuenta con 777 páginas y ofrece, además de una presentación del titular de la institución y una introducción general, información sobre los ámbitos de actuación, objetivos, metodología y fuentes empleadas, detalles de una encuesta encargada a GAD3, marco jurídico, y conclusiones-recomendaciones que son elevadas a las Cortes Generales y al Gobierno de España para “la adopción de las medidas necesarias en orden a cumplir con el objetivo de la encomienda”.

En el informe presentado en otoño se ofrecía información relevante de 481 víctimas de abusos, a las que habría que añadir los 134 casos considerados "válidos" que ha recabado la oficina en los últimos meses.

INFORMES DE ACTIVIDADES

Con esta comparecencia en el Senado finaliza la tramitación parlamentaria de esos dos informes de actividad correspondientes a los dos últimos años, tras la presentación de los mismos en el Congreso de los Diputados, el pasado 23 de mayo, y ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, el 26 de abril.

Ángel Gabilondo confirmó su intervención algunas cifras acerca de las actuaciones realizadas por la institución Defensor del Pueblo en estos dos ejercicios. En 2022 y 2023 el Defensor del Pueblo atendió, telefónica o presencialmente, a 74.962 personas, tramitó 67.055 expedientes, emprendió 538 actuaciones de oficio y dirigió 4.864 resoluciones a las diferentes administraciones. Las comunidades desde las que se recibieron mayor número de quejas fueron Madrid -casi el 25% de las tramitadas-, Andalucía, Valencia y Cataluña.

Los asuntos principales estuvieron especialmente vinculados a los derechos sociales y a los servicios públicos. En gran medida las competencias sobre estos asuntos corresponden a las comunidades autónomas, explicó, por lo que se ha producido una “ligera prevalencia de actuaciones ante las administraciones autonómicas, aunque en 2022 hay más resoluciones dirigidas a la Administración General del Estado que a las autonomías”.

En su comparecencia ante la Cámara de representación territorial, el Defensor resaltó el seguimiento realizado en torno a las ayudas y rentas autonómicas o municipales, el sinhogarismo o el Ingreso Mínimo Vital “sobre el que hemos recibido alrededor de 1.000 quejas, solo en 2023, especialmente por retrasos para la resolución de las solicitudes o las reclamaciones, o por la rigidez en el modo de acreditar el cumplimiento de los requisitos”.

Otro de los asuntos que la institución ha considerado prioritario en 2022 y 2023 ha sido la atención a los menores en situaciones de riesgo, como los cerca de 5.000 menores no acompañados llegados a Canarias. El Defensor del Pueblo ha instado a “buscar soluciones consensuadas y estables para que las comunidades autónomas colaboren en la acogida de estos menores”.

EDUCACIÓN

En materia de Educación, Ángel Gabilondo ha insistido en que hay que tender a la universalidad y la gratuidad del primer ciclo de educación infantil y que, a pesar del mayor esfuerzo realizado por las comunidades autónomas, sigue habiendo insuficiencia de plazas. También dedicó parte de su intervención a uno de los asuntos que más preocupación ciudadana genera: la gestión de la Sanidad y los servicios sanitarios. Instó a destinar “mayor inversión y medidas que permitan la efectiva reposición de las plazas vacantes existentes de profesionales sanitarios”.

Las dificultades en el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes y para los colectivos vulnerables, fue otro de los asuntos que más quejas generaron tanto en 2022 como en 2023. Según Gabilondo, la institución continúa solicitando a todas las administraciones que incrementen y optimicen los recursos existentes de vivienda protegida y de vivienda social. Además, se está siguiendo con atención el Bono Alquiler Joven, de cuya gestión en algunas comunidades autónomas ha señalado que “no es la apropiada y muchos beneficiarios varios meses después de su solicitud aún no habían recibido el bono”.

Asimismo, el Defensor ofreció datos sobre las actuaciones que realiza la institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes (MNP). En 2022 y 2023, el MNP realizó un total de 113 actas de visitas a lugares de privación de libertad, que dieron lugar a 1.513 resoluciones.