En una entrevista que publica hoy el periódico "Solidaridad Digital", Múgica afirma que "algunas de nuestras recomendaciones ya fueron recogidas en la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, sobre el IRPF, y en las posteriores Leyes de Medidas Administrativas y del Orden Social. Sin embargo, debería estudiarse la conveniencia de adoptar algunas otras medidas, como, por ejemplo, el establecimiento de algún incentivo o beneficio que fomente la niciativa empresarial de carácter individual de las personas con discapacidad".

"Deducciones adicionales en el IRPF por los gastos de enfermedad originados por la discapacidad, la compatibilidad del régimen especial de los discapacitados en el IRPF con la aplicación del mínimo personal para mayores de 65 años, o la aplicación del tipo superreducido en el IVA a la hora de adquirir una vivienda adaptada para minusválidos serían otra serie de posibilidades que merece la pena estudiar", según Enrique Múgia.

Tras indicar que la mayoría de las reclamaciones que recibe el Defensor del Pueblo en materia de discapacidad no se refieren a cuestiones fiscales, agrega que "en el último año han aumentado las quejas por demora en la valoración de las minusvalías y las derivadas de escasez de plazas en centros especializados".

El Defensor del Pueblo publicó el año pasado un estudio sobre este tema titulado "Presente y futuro de la fiscalidad del discapacitado".