La coalición solicitó al Defensor del Pueblo que recurriera ante el Tribunal Constitucional ese modelo de gestión por entender que se ha entrado en una dinámica de privatización generalizada que pone en riesgo los preceptos constitucionales.

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, expuso en rueda de prensa la respuesta del Defensor del Pueblo, que juzgó "parcialmente satisfactoria".

Llamazares explicó que el Defensor del Pueblo es "muy crítico" con el modelo de gestión de la sanidad en la Comunidad de Madrid y es consciente de "los riesgos" que comporta para los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Sin embargo, considera que no hay "enganche" para poder presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional porque la única norma de rango legal en la que se ampara la Comunidad de Madrid es del 1997 y, por tanto, ha expirado el plazo de recurso.

El Defensor del Pueblo cree que "hay materia" para recurrir esos modelos de gestión pero no enganche legal y, por ello, propone a Izquierda Unida otra vía para llevar el asunto hasta el Constitucional.

Se puede hacer, según explica, presentando un recurso contencioso-administrativo que puede desembocar en el Tribunal Constitucional por una "vía indirecta", y Llamazares aseguró que esa posibilidad será explorada por la coalición.

Además, la portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, explicó que esa vía será emprendida también en ese nivel a partir del informe del Defensor del Pueblo, que proporciona argumentos "rotundos" sobre las consecuencias del modelo de gestión.

Llamazares concluyó que el informe del Defensor del Pueblo es "un varapalo" a ese modelo de gestión y contiene "un aviso a navegantes" porque se han estudiado ya casos concretos y se tramitan otros que podrían vulnerar principios constitucionales y en los que hay voluntad de defender esos derechos "hasta las últimas consecuencias".

Se trata, precisaron, de la gestión de la Fundación Jiménez Díaz, de Pontones como centro de especialidades y del Hospital Puerta de Hierro.

A partir de los argumentos expuestos en ese informe, Llamazares y Sabanés aseguraron que proseguirán también con la vía política para denunciar el modelo de gestión de la sanidad de la Comunidad de Madrid.

Además, pedirán al Gobierno central que analice el resultado de ese modelo de gestión, que puede ser incluso "más caro" para las arcas públicas a pesar de generar una peor atención a la población, especialmente a la de menos recursos.

A pesar de las competencias autonómicas, Llamazares cree que el Gobierno central "no puede mirar para otro lado" si los modelos de gestión rompen los principios constitucionales y agreden los derechos básicos de los ciudadanos. "Vamos a utilizar todas las vías que tenemos", aseguró.

De su reunión con el ministro de Sanidad, Bernat Soria, Llamazares percibe una actitud crítica ante el modelo de gestión de la Comunidad de Madrid, pero no mecanismos concretos de actuación para evitar "el desplome" de uno de los pilares del estado del bienestar.