En el informe, presentado este viernes por Ángel Gabilondo, cuestiona el umbral de renta establecido para percibir estas becas, fijado en 35.000 euros por cada miembro de la unidad familiar. El informe describe que este criterio “no atiende al principio de equidad, ni garantiza la igualdad en el derecho a la educación compensando las desigualdades de los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables”.

El Defensor también concluyó actuaciones de oficio para garantizar el acceso de las personas extranjeras que viven en España a todas las enseñanzas postobligatorias, “sin limitaciones derivadas de su edad o situación administrativa”.

Además, el informe detalla que recibió quejas relativas a retrasos en la construcción de centros docentes y que se interesó de oficio por las medidas adoptadas por las administraciones educativas para adaptar las instalaciones escolares a las altas temperaturas, entre otras cuestiones.

Asimismo, la institución prestó atención al alumnado con necesidades educativas especiales ante las “dificultades para su evaluación psicopedagógica y su escolarización”, así como por la falta de oferta de actividades extraescolares, según describe el informe.

Al mismo tiempo, el Defensor explicó que recibió quejas referidas a servicios escolares complementarios como el transporte o el comedor escolar. Por ello, Gabilondo pidió que “se avance en condiciones más equitativas, con políticas públicas dirigidas a incrementar su cobertura, para atender a las familias en condiciones socioeconómicas desfavorables y tender a la gratuidad para las que están en riesgo de pobreza o de exclusión”.