Según el Defensor, las mujeres musulmanas que han dejado de convivir con sus maridos -en ocasiones por malos tratos- no tienen reconocido el derecho a la separación en España, dado que los jueces y tribunales españoles aplican el artículo 107 del Código Civil de modo restrictivo.

Dicho artículo estipula que la separación y el divorcio se regirán por la ley nacional común de los cónuges en el momento de la presentación de la demanda.

El Defensor plantea esta reforma del Código Civil tras haber recibido una queja de una mujer marroquí, país en el que la ley no contempla la figura legal de la separación, sino exclusivamente el divorcio y el repudio.

De acuerdo con la Mudawuana (conjunto de normas que regulan el estatuto personal de los súbditos marroquíes), la mujer no puede repudiar y, para obtener el divorcio, debe litigar, al menos, durante cinco años si su esposo se niegaa concedérselo, mientras que si es el marido quien lo solicita no importa que la mujer se oponga y puede conseguirse en quince días. Además, si la causa alegada por la mujer es el maltrato, debe adjuntar certificados médicos y el testimonio de doce personas.

El Defensor considera que estas mujeres se ven colocadas "al margen de cualquier protección legal hasta que obtengan la sentencia de su país de origen". Estas resoluciones pueden tardar en llegar varios años, sin que la mujer ni los hijos, en casode haberlos, tengan derecho a percibir ningún tipo de compensación o ayuda de su esposo.

Múgica añade que esta situación no sólo vulnera los derechos fundamentales tipificados en la Constitución, sino también los convenios internacionales suscritos por España.