Así lo dijo ante el Pleno del Congreso de los Diputados, donde compareció para presentar el informe que ha elaborado en respuesta a la encomienda que el Parlamento le hizo en primavera de 2022, y que Gabilondo entregó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hace más de un año.

Gabilondo justificó que su trabajo responde a “una necesidad ética y política y lo que las víctimas requieren desde hace mucho tiempo: ser escuchadas”, añadió, tras el “injusto silencio” que considera que han sufrido. “En estos asuntos el tiempo es decisivo”, remarcó, subrayando que “es el momento de adoptar medidas concretas”.

En su exposición, el Defensor explicó que, entre otra metodología, su informe se basó, entre otras herramientas, en una encuesta encargada a GAD3 tras un proceso de licitación pública “para enmarcar las dimensiones del problema y fijar la incidencia de los abusos sexuales en cualquier ámbito de la sociedad española, además del religioso”.

Así, indicó, a partir de esta encuesta a 8.013 personas, el 11,7% de ellas afirmaron haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifestó que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. La encuesta concluyó también que el 0,6% de la muestra representativa de la población encuestada ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico (ámbito de estudio de la encomienda encargada al Defensor), y que en un 1,13% la agresión se registró en el ámbito religioso.

De hecho, según los datos detallados de la encuesta, el 34,1% de los casos de abusos se produjo en el ámbito familiar; el 9,6% en el ámbito educativo no religioso; el 7,5% en el laboral; y el 7,3% en Internet. En el quinto puesto y siguientes, los abusos fueron en el ámbito educativo religioso (5,9%); religioso (4,6%); deportivo (3%); sanitario (2,6%) y otros no determinados (36,6%).