La Federación Estatal de Asociaciones de SOS Racismo, el Consejo General de la Abogacía, los sindicatos UGT y CCOO, la Comisión de Libertades de Informática y la Asociación pro Derechos Humanos de España habían solicitado a Múgica que presentara un recurso contra la ley.

No obstante, el Defensor del Pueblo considera necesario que se efectúe un adecuado desarrollo reglamentario de la ley que permita, cuando menos, determinar vías de regularización individual a los extranjeros qe permanecen en España en situación irregular.

Para ello, la institución del Defensor del Pueblo tiene previsto iniciar inmediatamente contactos con la Administración, a efectos del desarrollo reglamentario de la ley.

Múgica llama la atención a la Administración sobre la necesidad de buscar fórmulas prácticas que permitan dignificar la situación de los extranjeros que permanecen en España y sobre los que pesa una orden de expulsión que no puede ejecutarse.

"Estas personas no pueden, en princpio, trabajar ni acceder a un estatus de residente legal. Obviamente, eso les hace candidatos idóneos para asumir empleos en la economía sumergida -con todo lo que esto supone en cuanto a riesgo de explotación laboral o a la falta de condiciones básicas de salud y seguridad laboral-, y en algunos casos los lleva a la marginalidad en cualquiera de sus muy variadas formas", concluye la nota difundida por el Defensor del Pueblo.