La oficina del Defensor se muestra preocupada por conocer que varios de los aspirantes fueron rechazados porrazones de sexo, estado civil, raza, nacionalidad o aspecto físico, aspectos que rechaza expresamente la Constitución española.

La nota puntualiza que el Defensor del Pueblo tiene encomendada la defensa de los derechos fundamentales, y para ello puede supervisar la actuación de las aministraciones y sus agentes, pero no está habilitado para investigara una empresa privada.

No obstante, y dada la gravedad y repercusión que ha tenido este caso, el Defensor del Pueblo ha decidido abrir una investigación sobre la actuación de las entidades públicas que tienen enconmendada la tutela de esos derechos en las empresas.