La Oficina de Información del Defensor indica en una nota que estos casos han revelado "la inoperatividad del control apriorístico por parte de los órganos competentes de la Administración de este tipo de sociedades gestoras, ya que la opacidad de sus operaciones las hace especialmente aptas para sustraerse del control por parte de los inversores".

"Debido al sistema cerrado de valoración de los bienes objeto de inversión, la capacidad de un inversor medio de conocer el valor real de sus activos es prácticamente nula", añade Múgica.

A su juicio, "de los últimos acontecimientos se evidencia que la protección de los inversores no sólo no es suficiente, sino que no existe coordinación institucional destinada a que dicha protección sea efectiva".

Múgica afirma que "en este punto la única opción posible es la confianza en los gestores, que, al margen de los controles que la legislación mercantil pueda establecer, no parecen encontrar barreras en el sistema para que las operaciones realizadas ofrezcan cierta transparencia pública antes de entrar directamente en sospecha de fraude".

"Por ello, precisamente, resulta más preocupante que, tras años de investigaciones por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en las que se ponían de manifiesto dudas razonables sobre la transparencia y legalidad de las operaciones de estas sociedades, se permitiera que las operaciones continuaran con normalidad, ampliando el número de afectados y asumiendo el riesgo de que el fraude tuviera un alcance mucho mayor", concluye Múgica.

El Defensor del Pueblo también está tramitando ante las Administraciones Públicas numerosas quejas individuales de los afectados de Afinsa y Fórum Filatélico dirigidas a la institución acerca de la posible responsabilidad administrativa, que han sido presentadas en los últimos días.