El Defensor del Pueblo culminó en 2023 una actuación de oficio ante las consejerías competentes de todas las comunidades autónomas, las diputaciones forales, las dos ciudades autónomas y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

El objetivo era "comprobar el grado de cumplimiento y coordinación" de las medidas previstas en el Real Decreto-Ley 15/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales, aprobado como respuesta a los graves incendios producidos en la primavera y el verano de ese año.

Entre las conclusiones alcanzadas destaca la necesidad de "reforzar las medidas relacionadas con la prevención de los incendios forestales", en particular las orientadas a favorecer la gestión forestal sostenible, la resiliencia de los montes frente al fuego y una correcta ordenación de los usos del suelo. Por otro lado, se subrayó la necesidad de intensificar la "coordinación administrativa" y la coherencia entre las políticas públicas relacionadas.

El resultado de las actuaciones del Defensor del Pueblo se ha plasmado en una serie de recordatorios de deberes legales que fueron dirigidos a las consejerías competentes de Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Navarra, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja, Valencia, País Vasco y a las diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y también a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.