El Defensor del Pueblo recibe “frecuentemente” las quejas de los ciudadanos que están obligados a reintegrar prestaciones sociales que han podido cobrar de forma indebida por errores en la gestión a cargo de la propia Administración, o atribuibles a la “saturación” de los servicios administrativos y las demoras en tramitar los expedientes, por lo que considera que se deben adoptar medidas para aliviar la carga que sufren estas personas.