La denuncia de Soderman está apoyada por muchos miembros del Parlamento Europeo, organizaciones no gubernamentales y grupos de defensa de las libertades, desde que se publicó el informe del Ejecutivo relativo al acceso a documentos de las instituciones comunitarias.

El Defensor del Pueblo ha expresado unas quejas referentes al acceso denegado a documentos de uso interno, como los relativos a las discusiones u opinionesde los departamentos de la Comisión. El informe del Ejecutivo especifica el rechazo a hacer disponibles al público ciertos papeles a causa de la privacidad individual y comercial, del secreto industrial y de la confidencialidad. Este apartado suscita problemas de interpretación..

Por su parte, la Comisión Europea ha defendido su postura argumentando que las instituciones necesitan un "espacio para reflexionar" sobre las políticas antes de que éstas pasen a ser conocidas por el público.