Los padres habían interpuesto una denuncia en 1998 contra la Comisión Europea, ya que consideraban que la institución no había gestionado de manera eficaz un presunto caso de abuso en ese centro.

Según el Defensor del Pueblo, las nuevas medidas puestas en marcha por el Ejecutivo comunitario garantizan que los casos de abuso infantil serán conducidos de una manera apropiada en l futuro.

El grupo de padres denunció en 1998 a la Comisión Europea ante el Defensor del Pueblo, quien instó a Bruselas a adoptar un procedimiento interno. Sin embargo, ante la inactividad de la Comisión, en noviembre de 1999 el Defensor del Pueblo volvió a ponerse en contacto con la institución. Después de dos años no se había tomado ninguna medida, hasta que el pasado 30 de junio la Comisión aceptó la propuesta de recomendación.