En una nota de prensa, Múgica recuerda que a raíz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en relación a este suceso, ocurido en Villava (Navarra) el 8 de abril de 2002, abrió una investigación de oficio por la que solicitó colaboración a la Fiscalía General del Estado, a la Dirección General de la Policía y a la Policía Local de Villava.

El Defensor destaca que, una vez finalizada la investigación, se han obtenido conclusiones como que desde el 12 de enero al 8 de abril de 2002 Aristegui Beraza compareció en 9 ocasiones en dependencias policiales para denunciar a su ex marido, Jesús Gil Peláez, unas veces por amenazas ymalos tratos, otras por incumplimiento de la medida cautelar de prohibición de acercamiento y otras por no respetar las decisiones judiciales dictadas en el procedimiento de separación.

Otra de las conclusiones es que los tres procedimientos iniciados contra Gil Peláez por los reiterados incumplimientos de la medida cautelar de prohibición de acercamiento, fueron sobreseídos y archivados, unas veces por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito y otras por estimar que los hechos dnunciados no eran constitutivos de delito.

Asimismo, la orden de prohibición de acercamiento de Gil Peláez a menos de 500 metros de Aristegui Beraza no fue comunicada a la Policía Municipal de Villava. Tuvo que ser la propia interesada la que dos meses después de dictarse la orden la pusiera en conocimiento de las autoridades policiales locales.

Finalmente, Múgica indica que en el procedimiento penal que se instruía por los malos tratos y amenazas de Gil Peláez hacia su esposa, el Ministerio fiscl solicitó una serie de diligencias el 4 de marzo de 2002. Sobre estas diligencias no hubo pronunciamiento judicial hasta el día 19 de abril de 2002, días después de que Alicia Aristegui fuera asesinada por Jesús Gil.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha remitido estas conclusiones a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial.