Según esta institución, las administraciones españolas no han adoptado las medidas necesarias para la efectiva puesta en marcha de los mecanismos de control que establece el reglamento de la UE relatvo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

Este reglamento insta a los estados miembros a determinar las sanciones que deben aplicarse en los supuestos de infracción de sus disposiciones.

Aunque en la información que el Ministerio de Medio Ambiente ha remitido al Defensor del Pueblo, este departamento indica que los fabricantes de CFCs en España han cumplido las disposiciones del reglamento, la citada institución insiste en la ausencia de controles adecuados y un régimen sancionador definid para aquellos vulneren la normativa europea sobre sustancias que dañan la capa de ozono.