El último informe anual del Defensor del Pueblo, relativo a 1995, responsabiliza de esta situación a las administraciones públicas encargadas de poner en práctica las leyes

En este sentido, ambién pone de manifiesto las dificultades que suscita en ocasiones la articulación de competencias entre las diferentes administraciones públicas.

Asimismo, el informe hace referencia a las tres directivas sobre residuos que están pendientes de trasposición al Derecho nacional, aunque según la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, una de ellas, la de envases y residuos de envases, la aprobará el Consejo de Ministros este mes.

Además, recuerda que todavía no se ha aprobado la ley que regular los aspectos relacionados con la generación y transmisión de ruidos en espacios abiertos.

Por el contrario, el Defensor del Pueblo se congratula de que el año pasado se traspusiera al ordenamiento jurídico español la directiva sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, que permite a cualquier persona pedir a las autoridades públicas información sobre medio ambiente.

En materia de espacios naturales protegidos, la Oficina del Defensor del Pueblo llama la atención sobr los conflictos de competencia con la Administración central que se están planteando en algunas comunidades y el temor de la población a que la protección de espacios naturales perjudique la actividad económica de la comarca en la que están enclavados.