El manifiesto, que recuerda recomendaciones de organismos como Naciones Unidas para luchar contra cualquier tipo de discriminación racial, insta también a instituciones públicas y ONGs a promover iniciativas para estimular actitudes de concordia y de convivencia con el pueblo gitano.

Asimismo, Alvarez de Miranda y los comisionado de Cataluña, País Vasco, Canarias, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Galicia y Valencia recomiendan que las familias, el sistema educativo y los medios de comunicación sean especialmente cuidadosos en superar prejuicios y estereotipos negativos y en fomentar el acercamiento a los valores de otras culturas.

El texto afirma que, "en aplicación de los principios de la Constitución, la comunidad gitana, y todas aquellas que a lo largo de los siglos han compartido la historia de España, deben verse librs definitivamente de toda forma de rechazo, así como de cualquier intento de asimilación impuesta".

El manifiesto concluye con un deseo de que la sociedad española "se asome al nuevo milenio con la satisfacción de haber reparado las injusticias cometidas con las minorías. Sólo si logramos compensar los déficits heredados, habremos contribuído realmente a una convivencia en igualdad de todas las personas, las comunidades y las etnias".