En su iniciativa, hecha pública hoy, el PP recuerda que fue en 2007 cuando España firmó y ratificó la citada convención, que entró en vigor en mayo de 2008.

La convención establece que serán los estados partes los que establezcan el marco jurídico e institucional a tal fin. El Grupo Popular recuerda que el artículo 54 de la Constitución establece la institución del Defensor del Pueblo como "alto comisionado que las Cortes Generales designan para la defensa de los derechos fundamentales".

Por lo tanto, añade el PP, dicha institución "goza de todas las facultades requeridas para satisfacer los requisitos de la convención", lo que no impide que, como ordena el texto de la ONU, se establezcan en paralelo otros mecanismos independientes de supervisión de la aplicación de la misma.

El escrito del PP propone que el Congreso de los Diputados inste además al Gobierno a facilitar al Defensor del Pueblo "aquellos recursos financieros y humanos que necesita para llevar a cabo los cometidos" establecidos por la ONU.