EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN ARAGON INSTA A LAS ADMINISTRACIONES A INFORMAR SOBRE LA ILEGALIDAD DE LA ABLACION DEL CLITORIS

ZARAGOZA
SERVIMEDIA

El Justicia de Aragón (defensor del pueblo en la comunidad autónom), Fernando García Vicente, ha instado a las distintas administraciones a que pongan en marcha campañas informativas entre la población extranjera con el fin de impedir la práctica de la ablación del clítoris, a la que son sometidas las mujeres de algunos países.

Aunque García Vicente asegura que no tiene constancia de que en Aragón se hayan producido casos de este tipo, como medida preventiva ha pedido a las administraciones que desarrollen estas campañas entre los colectivos de inmigrantes, informánoles de "la obligación que tienen todos los que residen en España, cualquiera que sean las costumbres existentes en su lugar de origen, de cumplir los principios básicos de la Constitución Española".

Entre estos principios, el Justicia de Aragón recuerda que figuran "el respeto a la vida, salud e integridad física, libertad sexual y el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, evitando cualquier conducta discriminatoria".

Con las campañas se trata de advertir de la ilegalidad de esta condcta y persuadir a los padres de que no pueden disponer ni de la vida, ni de la salud, ni de la integridad de sus hijos, y que deben respetar su libertad y su igualdad.

Según Fernando García Vicente, "hecha exclusión de aquellos principios que por constituir derechos humanos se consideran básicos, debe de promoverse en la educación de los emigrantes que se respeten las señas de identidad pertenecientes a la cultura de donde proceden".

GOBIERNO DE ARAGON

Por su parte, el Departamento de Sanidad, onsumo y Bienestar Social del Gobierno de Aragón, en colaboración con el Departamento de Educación y Ciencia y el Instituto Aragonés de la Mujer, ha decidido impulsar un programa de información y formación para prevenir, y en su caso denunciar, los posibles casos de ablación del clítoris que se produzcan en la comunidad autónoma.

Según el consejero de Sanidad, Alberto Larraz, "es inadmisible la práctica de estos ritos en una sociedad democrática y de derecho, porque constituyen un gravísimo atentado ala dignidad y los derechos humanos de la mujer, además de un delito perseguible al amparo de las leyes penales".

Larraz afirmó que hay que trabajar especialmente "con aquellos grupos étnicos en los que pueden perdurar algunos elementos culturales que chocan frontalmente con los principios elementales de respeto al ser humano y la legislación vigente en nuestro país".

(SERVIMEDIA)
02 Mayo 2001
CAA