Así lo afirmó durante su comparecencia, a petición propia, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta del trabajo desarrollado hasta la fecha para la elaboración de un ‘Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la iglesia católica y el papel de los poderes públicos’, que le fue encomendado por el Congreso de los Diputados en marzo.

A su juicio, la encomienda aprobada por la Cámara Baja, con una “amplia mayoría”, se presenta como “una llamada a la sociedad y a las instituciones, desde el dolor y la experiencia de las víctimas y de quienes vienen acompañándolas”.

A este respecto, afirmó que la institución que dirige asume dicha encomienda “sin ningún apriorismo y con una gran oportunidad de estudiar a fondo qué ha sucedido” con el objetivo de recabar en un informe “propuestas, medidas, cambios e iniciativas que logren resarcir a las víctimas e impedir que algo así vuelva a suceder”.

“Ningún país puede quedarse paralizado o avanzar sin reflexionar sobre cómo se ha tratado a sus menores, ni ninguna institución ni pública ni privada puede mirar a otro lado si ha tenido conocimiento de tan graves situaciones”, espetó, para avanzar que, con el fin de llevar a cabo dicha encomienda, se ha creado una Comisión Asesora de expertos, de la que formarán parte casi una veintena de especialistas y que, dijo, "no es un tribunal", un Foro de Dialogo con las asociaciones de víctimas y una Unidad Técnica de atención de las víctimas y de apoyo a la investigación.