Múgica, que tomó posesión el 15 de junio del pasado año, señala en el resumen del informe del 2000 que "en términos generales, las Administraciones Públicas y sus agentes auxilian al Defensor del Pueblo adecuadamente y sólo sería deseable una ayor agilidad en la remisión de los informes".

"Sin embargo", añade, "hay supuestos concretos en los que se percibe una resistencia notable o, cuando menos, un rechazable desinterés en prestar la debida colaboración y el auxilio requerido".

Múgica explica que esa falta de colaboración a menudo se limita a la ausencia del exigible rigor en los informes que se remiten a esta institución, que, con cierta frecuencia, debe insistir en su demandas para completar los datos imprescindibles para el ejerciio de su misión.

Asimismo, destaca que con más frecuencia de la debida, se inclumplen los plazos que la ley establece para elaborar y remitir los informes "y este Comisionado parlamentario se ve en la necesidad de requerir formalmente su envío, con las adevertencias procedentes".

Además, el Defensor del Pueblo subraya que hay administraciones que no colaboran ni aún después de advertirles que su conducta pudiera ser constitutiva del delito de desobediencia tipificado en el artículo 502 del CódigoPenal.

Enrique Múgica indica que el espíritu conciliador de la institución ha dado lugar a que no se persiguiese penalmente estas conductas "dilatorias y entorpecedoras", pero advierte que el ejercicio de sus funciones "parece exigir, de aquí en adelante, una actitud más severa" frente a esas administraciones.

El resumen de ese informe anual del Defensor detalla las administraciones que no han contestado ni han colaborado con la institución.

Así, los ayuntamientos son las administraciones qu menos contestan a Múgica, entre ellos, varios de la comunidades de Madrid y Murcia, así como de localidades de Granada, Logroño y León.